A casi diez años del catastrófico derrame de 38.700 litros de petróleo en la Bahía de Quintero, los sindicatos de pescadores artesanales de Horcón y Ventanas mantienen viva la lucha por justicia. La reciente demanda presentada ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso exige una indemnización de 23 mil millones de pesos a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), señalada como responsable de uno de los desastres ambientales más graves en la historia costera de Chile.
El incidente ocurrió en 2014, cuando el buque tanque Mimosa, operado por ENAP, derramó crudo en la bahía, generando un impacto devastador en el ecosistema marino y en las economías locales. Aunque en 2019 la Corte Suprema confirmó la responsabilidad de la empresa por el daño ambiental, los pescadores aún no han visto compensación por las pérdidas que enfrentaron. Hoy, la comunidad sigue buscando justicia mientras se espera que la Corte de Apelaciones fije una fecha para los alegatos finales.
Los derrames de petróleo en las costas chilenas tienen efectos profundamente perjudiciales. Por un lado, el petróleo contamina el agua y daña irreversiblemente los ecosistemas marinos, afectando tanto a la flora como a la fauna. Por otro lado, las comunidades costeras, especialmente aquellas que dependen de la pesca artesanal, sufren graves consecuencias económicas.
Carlos Cantuarias, abogado de los sindicatos, lo resumió contundentemente:
“Tener negligencias de esta magnitud no puede salir gratis. No se trata solo de limpiar la bahía, sino de reparar el daño irreparable que esto ha causado a las familias que dependen del mar para vivir.”
Los pescadores han vivido casi una década de incertidumbre económica, enfrentándose a la reducción de sus ingresos y a la pérdida de confianza en la calidad de sus productos. La indemnización solicitada busca compensar tanto los perjuicios económicos como el daño moral causado a cerca de 200 pescadores afectados.
ENAP, por su parte, asegura que seguirá el proceso judicial. Aunque previamente planteó la excepción de incompetencia, esta fue acogida por el Juzgado de Letras y Garantías de Quintero, y ahora la decisión está en manos de la Corte de Apelaciones.
Este caso, junto a otros incidentes similares, pone en evidencia la urgencia de establecer normativas más estrictas y efectivas para prevenir derrames de petróleo en las costas chilenas. Los daños no se limitan a un área geográfica: cada desastre afecta la biodiversidad del país y golpea a cientos de familias que viven de los recursos del mar.
La lucha de los pescadores de Quintero no solo es un intento por obtener justicia, sino también un recordatorio de la importancia de proteger las costas y los recursos marinos, que son esenciales para el desarrollo sostenible de Chile.
Fuente: biobiochile.cl