Diez años después del desastre petrolífero de la plataforma Deepwater Horizon persisten los daños ambientales

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Las drásticas medidas tomadas en casi todos los países del mundo para frenar el avance de la pandemia de COVID-19 han generado colateralmente un fuerte impacto negativo en la actividad económica. Así pues, ahora, al tiempo que vamos saliendo de la crisis sanitaria, tenemos que poner en marcha medidas de recuperación económica basadas en criterios que nos permitan hacer frente de forma eficaz y justa a ésta crisis y a otra aún peor, la climática, pues no debemos olvidar que el cambio climático sigue siendo el principal factor de riesgo para el planeta y para la Humanidad.

Esa recuperación económica verde debe ser coherente con los compromisos internacionales adquiridos por la Unión Europea y el propio Estado español de lograr la neutralidad climática a más tardar en el año 2050, lo que nos obliga a tener un sector energético profundamente descarbonizado, basado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables, que son las únicas respuestas sostenibles al problema del cambio climático.

Es precisamente en este contexto cuando debemos hacer hincapié en que no basta sólo con fomentar las energías limpias, sino que hay que aplicar todo tipo de medidas, económicas y legales, para abandonar cuanto antes el uso de combustibles fósiles, que son los principales causantes del cambio climático.

En ese sentido, una de las medidas más urgentes a tomar, como reclama OceanCare y muchas otras entidades, es la prohibición inmediata por ley de todo proyecto de exploración de hidrocarburos y un abandono progresivo pero urgente de las actividades de explotación de éstos actualmente en curso.

Esta petición cobra mayor sentido en un día como hoy, cuando se cumplen diez años de la catástrofe medioambiental provocada por la plataforma petrolífera Deepwater Horizon en el Golfo de México. En los últimos años se han ido acumulando las evidencias científicas de que el medio ambiente aún está lejos de recuperarse totalmente y de que la salud humana y la economía de las zonas afectadas siguen sufriendo las consecuencias de la marea negra.

Fue el 20 de abril de 2010 cuando la rotura del pozo Macondo de British Petroleum, perforado a 1.500 metros de profundidad desde la Deepwater Horizon, causó la explosión de ésta (la cual, tras un aparatoso incendio, se hundió, cobrándose las vidas de 11 personas) y permitió la liberación incontrolada de ingentes cantidades de petróleo crudo y gas a las aguas del océano. El vertido continuó durante tres meses hasta que el 15 de julio de 2010, tras una serie de intentos previos fallidos, pudo por fin taponarse la boca de dicho pozo.

En total, se liberaron al mar más de 4 millones de barriles de crudo (más de 715 millones de litros, el consumo que se realiza en toda España durante casi 4 días) creando una marea negra que cubrió un área estimada de 149.000 km2 (superficie equivalente a una tercera parte del territorio de la España peninsular). Además, para tratar de acelerar la degradación del crudo, se aplicaron unos 7 millones de litros de dispersantes químicos tóxicos, tanto en la boca del pozo como en superficie.

El hecho de que el enorme volumen de petróleo liberado en este accidente se produjera en alta mar y a gran profundidad facilitó su distribución en un área extensísima y su deposición en grandes cantidades en el subsuelo marino, agravando así significativamente su impacto ecológico. Según cálculos recientes, se logró recuperar un 20% del crudo vertido y, del 80% restante, hasta un 47% se depositó en el fondo marino.

Recientemente se ha dedicado un importante esfuerzo científico a analizar los efectos del vertido de petróleo de la Deepwater Horizon en alta mar y en el fondo marino (en hábitats poco conocidos y con escasos datos de referencia) añadiendo así nueva información de gran relevancia a la ya obtenida en los primeros años tras el desastre cuando la mayor parte de la investigación sobre sus efectos se centraron en la contaminación en superficie de los hábitats costeros y en las especies de fauna cercanas al litoral (incluidas las de peces de interés comercial).

Impactos agudos y crónicos

Los resultados que se van conociendo demuestran que las especies oceánicas fueron las que se vieron afectadas con mayor intensidad por este derrame, pues estuvieron directamente expuestas a cantidades sin precedentes de hidrocarburos y dispersantes. Debido a ello, los impactos agudos y crónicos a nivel poblacional de esta exposición probablemente fueron más altos de lo que inicialmente se estimó. Han podido confirmarse disminuciones continuas en la presencia de diferentes especies de mamíferos marinos y tortugas, lo que puede estar relacionado con un menor éxito reproductivo y la persistencia de un estado de salud deficiente (enfermedades pulmonares, respuesta deteriorada al estrés por alteraciones en las glándulas suprarrenales, depresión del sistema inmune, etc.), efectos que también confirmados en especies de distribución más costera.

En cuanto a la pesca, en general, se pronostica que la recuperación de las poblaciones con una alta tasa de renovación ocurrirá a lo largo de esta década, pero algunas poblaciones de crecimiento más lento pueden tardar más de 30 años en recuperarse por completo.

Toxicidad fotoinducida

Otro aspecto en el que se han realizado importantes avances es en la investigación científica de la toxicidad fotoinducida por los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) presentes en el crudo y sus efectos sobre un amplio espectro de taxones, incluidos peces, invertebrados y plantas.

El petróleo crudo contiene miles de compuestos químicos y los HAP son algunos de los componentes más tóxicos. Los efectos tóxicos de la exposición a HAP pueden incluir, entre otros, narcosis, disminución de la reproducción, teratogenicidad, daño en el ADN y formación de tumores en organismos acuáticos. Además, la presencia de radiación ultravioleta (UV) durante la exposición a los HAP aumenta drásticamente la toxicidad para los organismos acuáticos, un fenómeno conocido como toxicidad fotoinducida o fotoaumentada. Se ha demostrado la sensibilidad a la toxicidad fotoinducida en zooplancton, microbios, diversas especies de peces y en organismos asociados a sedimentos (vegetación acuática, moluscos bivalvos y artrópodos bentónicos). Los efectos de la toxicidad fotoinducida por HAP incluyen aumento de la mortalidad, reducción de la fecundidad, retraso de la eclosión de huevos (peces, invertebrados), aumento de los comportamientos fotofóbicos e inhibición de la alimentación.

Estudios recientes han revelado que la toxicidad para un amplio espectro de organismos en etapas tempranas de su desarrollo puede ocurrir a concentraciones mucho más bajas de lo inicialmente esperado debido al efecto combinado de los HAP y la radiación UV, que aumenta la toxicidad en 10 a 200 veces en comparación con la de los HAP tomada aisladamente. Se ha comprobado una toxicidad significativa incluso bajo una intensidad UV reducida (50% ambiente), lo que indica que los efectos en el campo pueden ocurrir en aguas costeras más turbias y cercanas a la costa, así como en aguas abiertas altamente transparentes.

Prohibir la exploración de hidrocarburos

No podemos arriesgarnos a que se vuelva a producir otro desastre como el de la Deepwater Horizon, ni en el Golfo de México ni en ninguna otra parte. En un contexto de emergencia climática como el actual no tiene sentido seguir llevando a cabo actividades de búsqueda de nuevos yacimientos hidrocarburos para su posterior extracción. Sin embargo, las compañías petroleras tratan de continuar con su contaminante negocio como si el cambio climático no existiera. Por ello, la única manera de conseguir que las petroleras reorienten su negocio a actividades no contaminantes -como la producción y suministro de hidrógeno de origen 100% renovable- es prohibir por ley la exploración y explotación de hidrocarburos.

Algunos países, como Francia, ya lo han hecho. En diciembre de 2017 su Asamblea Nacional aprobó una ley para poner fin a esas actividades en todo su territorio nacional. En España, el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética recoge la prohibición a cualquier nuevo proyecto de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos pero, sin embargo, de forma incoherente, permite prorrogar los permisos de investigación y las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos ya vigentes durante 22 años más (hasta el 31 de diciembre de 2042).

Fuente: efeverde.com