Los recientes derrames de crudo en Lobitos, costa norte de Perú, muestran con claridad cómo la falta de control, infraestructura obsoleta y debilidades institucionales pueden transformar un accidente en una crisis ambiental de largo plazo. Para Chile, un país con una extensa costa y creciente actividad marítima vinculada al transporte de hidrocarburos, estas situaciones deben servir como alerta temprana.

El caso peruano: daños persistentes en el ecosistema marino

En Lobitos, los pescadores y comunidades costeras han sufrido repetidos derrames en los últimos años. Solo el 7 de julio, otro pozo cercano al mar liberó agua, crudo y lodos, afectando más de 6.400 metros cuadrados. El problema no es aislado: entre 1997 y 2023 se han registrado 1.462 derrames petroleros en Perú, de los cuales 609 ocurrieron en la costa.

El desastre más grave fue el de Ventanilla en 2022, cuando casi 12.000 barriles contaminaron 713 hectáreas de mar y 180 de litoral, impactando a pescadores, especies marinas y áreas protegidas. Dos años después, las comunidades siguen exigiendo reparación y prevención.

Riesgos similares en Chile

Si bien Chile no registra incidentes de la magnitud del de Ventanilla, su alta dependencia del transporte marítimo de combustibles lo expone a escenarios comparables. Cada año, buques tanque y terminales costeros movilizan miles de toneladas de petróleo y derivados, muchas veces en zonas cercanas a áreas de biodiversidad marina, reservas costeras y caletas pesqueras artesanales.

Un accidente en nuestras costas podría afectar directamente:

• A la pesca artesanal y la seguridad alimentaria local.

• Al turismo sustentable de playas y reservas.

• A la fauna marina protegida, incluyendo aves migratorias y mamíferos marinos.

• A la reputación ambiental internacional de Chile, clave en acuerdos como la Agenda 2030 y los compromisos de carbono neutralidad.

Lecciones para la gestión chilena

De la experiencia peruana se desprenden varias lecciones clave que Chile debe considerar:

1. Modernización de la infraestructura petrolera y de transporte: sistemas obsoletos son un riesgo permanente.

2. Protocolos de respuesta inmediata: las horas posteriores a un derrame son críticas. La información debe fluir rápido hacia comunidades, autoridades y equipos técnicos.

3. Supervisión independiente y transparente: informes técnicos que no sean públicos alimentan la desconfianza social.

4. Planes de contingencia comunitarios: pescadores, operadores turísticos y residentes deben estar capacitados y equipados para colaborar en la respuesta inicial.

5. Uso de tecnologías de contención y absorbentes especializados: la disponibilidad de barreras, dispersantes y absorbentes de hidrocarburos en terminales y embarcaciones es esencial para minimizar impactos.

Chile y la prevención como política de Estado

En un país que busca consolidar su imagen de potencia marítima sustentable, la prevención de derrames y la rápida respuesta a emergencias deben ser prioridad. Casos como el de Perú muestran que la falta de preparación multiplica los daños y prolonga las consecuencias sociales y económicas.

La lección es clara: proteger nuestras costas hoy es asegurar el futuro de la pesca, el turismo y la vida marina en Chile.

Fuente: elpais.com